Una solicitud de auditoría realizada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) a la Cámara de Cuentas, en enero del 2019, degeneró en diferencias entre ambas partes al impedir el experticio y dar paso a que el caso fuera remitido al Ministerio Público.
La situación se registra porque según el organismo fiscalizador del Estado, el gremio de abogados que en principio hizo el requerimiento, luego se resistía a colaborar para realizar la auditoría.
En una carta fechada el 11 de agosto del presente año, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Alvarez Pérez, comunicó a la Procuraduría General de la República que ese gremio está sujeto al control externo gubernamental a su cargo.
Refirió que el pleno del organismo aprobó una auditoría financiera por el periodo comprendido entre el 1ro de enero del 2016 y 31 de diciembre del 2018, y que el 2 de mayo del 2019 remitieron comunicación solicitando colaboración e informando las credenciales de los auditores que realizarían la función fiscalizadora en la entidad.
“A pesar de las comunicaciones cursadas y de haber transcurrido más de 12 meses de la reunión de fecha 15 de mayo del 2019 sostenida con el equipo de auditores en la cual la entidad solicitó un plazo de 3 semanas para habilitar un espacio físico para nuestros profesionales, hasta la fecha no se nos ha notificado la habilitación del espacio prometido”, aduce Álvarez Pérez.
Asegura que el CARD se ha negado a recibir las comunicaciones relativas al inicio de los trabajos fiscalizadores. Que el gremio comunicó el 6 de agosto del 2020 que no cuentan con un lugar para los auditores y que informarían cuando tengan disponibilidad.
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